(Periódico el País edición Mexico) – Cada mañana, Yazmín siente algo en el pecho que le cuesta describir. Se sube a su coche para empezar el día, mientras su hija se queda en casa. No ha querido llevarla a la escuela esta semana. “Te sientes más tranquila de dejarla encerrada con la vecina en vez de tener que llevártela a cruzar todo Culiacán, pero vas al trabajo con ganas de llorar, no por lo que te pueda pasar a ti, sino porque no sabes si la vas a volver a ver”, cuenta la funcionaria, bajo la condición de que su nombre real no sea publicado. “Pero no lloras. Trabajamos para el Gobierno y no nos han dado permiso de faltar. El seguro de vida que me dan es de menos de 100.000 pesos [5.000 dólares]. Te quedas pensando qué le vas a dejar, qué le voy a dejar a mi niña. No te sientes protegida ni apoyada. Te sientes nada literalmente”, narra del otro lado del teléfono.
Sinaloa ha sido azotada por la violencia y la inseguridad desde el pasado lunes, cuando estalló una guerra intestina entre las dos facciones más poderosas del cartel homónimo: la gente que seguía a Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La fractura ha sembrado el caos en Culiacán, la capital del Estado del noroeste de México, y en varias comunidades aledañas, dejando una estela de asesinatos, desapariciones forzadas, narcobloqueos y enfrentamientos entre los grupos delictivos y las Fuerzas Armadas. Atrapada en el fuego cruzado, la población se ha hundido en el miedo y la incertidumbre, pese a la insistencia del Gobierno de que “todo está tranquilo” y bajo control. Las autoridades han reconocido esta semana al menos 12 personas asesinadas, otra decena de lesionados por impacto de bala y una veintena de desaparecidos, pero han sostenido que la violencia está “focalizada” y afecta principalmente a los bandos que se disputan el principal bastión del Cartel de Sinaloa
“Se están llevando a inocentes”, rebate María, una psicóloga que vive al norte de Culiacán, uno de los focos rojos de la narcoviolencia. El pasado lunes, uno de sus conocidos desapareció sin dejar rastro y su coche fue abandonado en una de las calles de la ciudad, cuenta. “Lo confundieron con otra persona y lo levantaron”, asegura. “Estuvo más de 20 horas desaparecido, pero en la noche me dijeron que ya lo habían encontrado, que estaba asustado, pero bien”. María comenta que ha reconocido a otras personas en los reportes de búsqueda de la última semana. “Hay mucha gente que no ha aparecido y que no ha regresado, y no sabemos si van a regresar”, agrega.
La violencia ha trastocado las vidas de los habitantes de Culiacán. La mayoría de las personas tiene miedo de salir a la calle para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o comprar algo en una tienda. “Es como si hubiéramos regresado a la pandemia, a partir de las siete de la noche es cuando más vacías encuentras las calles principales, se ha convertido en un toque de queda informal”, afirma María. “Hay una psicosis colectiva, crisis de ansiedad, insomnio, estrés, un miedo bastante fuerte… No estábamos preparados para esto”.
Muchas familias se vuelcan en sus teléfonos para avisar dónde están y qué van a hacer, y compartir información de qué ha pasado en las últimas horas. En las redes sociales se multiplican las críticas al Gobierno, las imágenes explícitas de los crímenes y los reportes de nuevos enfrentamientos y bloqueos, algunos reales y otros falsos. A principios de la semana, la información oficial era escasa o minimizaba el alcance de la inseguridad y cada vacío fue aprovechado por el narco, que capitaliza el miedo que infunde en la población y aprovecha la discordia para mandar mensajes amenazantes a sus rivales.
“Las autoridades están a la saga, quienes marcan la pauta son los grupos delictivos”, afirmó David Saucedo, analista de seguridad, en una entrevista con este diario esta semana. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la violencia se desató porque “hay pugnas entre dos grupos”, pero acusó a los medios de “magnificar” la situación en aras del “sensacionalismo”. “Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad”, aseguró.
El inicio de la guerra
Culiacán no es ajeno a la violencia. “Todo está untado por el narcotráfico en Sinaloa”, decía Ana Luz Ruelas, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el mes pasado a este diario. Pese a la normalización y la penetración permanente del crimen organizado, algunos episodios de violencia han quedado grabados en el imaginario colectivo. El Cartel de Sinaloa hizo llover fuego a principios de 2023 después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. El Ratón, como se conoce al capo de 34 años, ya había sido detenido en 2019, pero otra respuesta violenta del cartel ―que incluyó motines en las cárceles, bloqueos en las principales carreteras y asesinatos― llevó a que las autoridades decidieran dejarlo ir para evitar daños mayores.
La última guerra que asola al Estado nació de la inesperada captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López El Güero, hermano mayor de Ovidio, el pasado 25 de julio en Estados Unidos. Zambada acusó a El Güero, su ahijado, de traicionarlo, emboscarlo y entregarlo a las autoridades estadounidenses tras citarlo a una reunión con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Cuén, su principal adversario político. Cuén fue asesinado ese mismo día. Rocha ha negado haber estado presente. Desde entonces se han disparado los temores alrededor de la venganza de El Mayo, cuándo llegaría y si implicaría otro Culiacanazo, como se conocen a los estallidos de violencia tras las dos capturas de Ovidio Guzmán.
“Ha sido peor, nunca había durado tanto”, explica Karla, habitante de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. En la mañana del lunes, un enfrentamiento en la principal vía de acceso de esa comunidad se saldó con dos civiles heridos y el aseguramiento de 15 vehículos con impactos de bala. En la noche del martes se encontró el cuerpo de una persona en descomposición a la orilla de un camino. El miércoles hubo otra refriega entre “civiles armados”, la fórmula que utilizan las autoridades para referirse explícitamente a los carteles. El jueves se decretó la suspensión de las actividades escolares en cuatro municipios ―Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio― para el resto de la semana. “La narrativa de las autoridades estatales decreta la ‘tranquilidad’ y minimiza los hechos violentos. No entienden que tras la captura de El Mayo todo el contexto de Sinaloa cambió: la gente lleva desde entonces esperando la ‘guerra”, señaló en redes sociales Adrián López, el director del periódico Noroeste.
“Hace cuatro horas, salí a comprar tortillas a una tienda que está a 800 metros de mi casa y cuando di vuelta en la primera esquina, vi tres patrullas, no sabía si eran clonadas por los delincuentes o de la policía y me quedé paralizada, no sabía qué hacer ni adónde ir”, contaba Karla en una entrevista realizada el jueves. “El sonido de las balas hace que la piel se erice, algunas eran ráfagas, otras eran intermitentes, era un caos… Ya había escuchado disparos antes, pero no en esta magnitud”, agrega. “Lo que estamos viviendo es como una película de terror”.
Karla conoce las dos caras de la moneda en la interrupción de las actividades escolares: es profesora y madre de familia. Como Yazmín, ha decidido que su hija se quede en casa. La Secretaría de Educación local ha sido blanco de las críticas de los docentes y padres, al decretar primero la suspensión de clases en uno de los sectores de la ciudad, luego anunciar una cancelación más amplia con poca antelación, empujar por el regreso presencial y finalmente, resignarse a no volver a clases hasta la próxima semana. La UAS, que tiene 70.000 alumnos en todo el Estado, ha optado por clases virtuales, pero los problemas continúan. “Muchos estudiantes vienen de zonas rurales y no tienen acceso a internet, otros no tienen saldo en sus teléfonos porque sus familias no han podido salir a trabajar”, cuenta.
Karla conoce las dos caras de la moneda en la interrupción de las actividades escolares: es profesora y madre de familia. Como Yazmín, ha decidido que su hija se quede en casa. La Secretaría de Educación local ha sido blanco de las críticas de los docentes y padres, al decretar primero la suspensión de clases en uno de los sectores de la ciudad, luego anunciar una cancelación más amplia con poca antelación, empujar por el regreso presencial y finalmente, resignarse a no volver a clases hasta la próxima semana. La UAS, que tiene 70.000 alumnos en todo el Estado, ha optado por clases virtuales, pero los problemas continúan. “Muchos estudiantes vienen de zonas rurales y no tienen acceso a internet, otros no tienen saldo en sus teléfonos porque sus familias no han podido salir a trabajar”, cuenta. “No podemos exigirles que vayan o que busquen un ciber para enviar sus tareas, no debemos exponerlos a ningún riesgo”, explica.
El gobernador Rocha pidió a los comerciantes que abran sus negocios, después de que la sede local de la Cámara Nacional de Comercio advirtiera que no había condiciones mínimas de seguridad para evitar la parálisis de la economía local. La Unión de Comerciantes de Culiacán cifra las pérdidas económicas por la violencia en más de 800 millones de pesos (40 millones de dólares) y advierte de la escasez de productos básicos. La Unión local de Locatarios estima que 2.000 trabajadores han renunciado por la violencia, tan solo en el centro de la ciudad.
Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, anunció que iba a extremar medidas para garantizar la seguridad de sus empleados e hizo votos por que “se restablezcan las condiciones de seguridad en la entidad para retomar operaciones con normalidad”. Aeroméxico adelantó una política flexible para cambiar horarios y rutas de vuelos desde y hacia Culiacán. La Coparmex, la principal patronal del país, acusó la falta de acción de las autoridades y exigió mayor certidumbre en medio de la violencia. El gobernador optó por la cancelación de un concierto en la principal plaza pública de la ciudad por los festejos por el Día de la Independencia, el 15 de septiembre. Y Estados Unidos emitió una alerta con la recomendación de no viajar al Estado, además de “tener un alto nivel de vigilancia y mantener un perfil bajo”.
