Expertos del grupo de expertos que investigó el Caso Ayotzinapa, señalaron que han sido frenadas órdenes de captura en contra de servidores públicos en funciones, relacionados con la desaparición de normalistas.
Expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) aseguraron que han sido frenadas ordenes de captura en contra de servidores públicos en funciones, y evidencia que muestra posibles relaciones de autoridades con el crimen organizado.
Ángela Buitrago destacó que el GIEI no ha emitido valoraciones políticas respecto a los informes que han realizado sobre el caso, y por el contrario, advirtió que ha sido la intervención política del estado, lo que ha frenado órdenes de captura contra personas que participaron en los sucesos, como la de una persona relacionada con los servicios de inteligencia que continua en funciones.
“Me reservaría el nombre por el tema de la ejecución de la orden de captura que no se ha hecho efectiva, pero sí pertenece a una institución de inteligencia, estuvo presente incluso el día de hechos 26 y 27 de septiembre en la calle Juan N. Álvarez, mientras desaparecían a los muchachos”, reveló.
La experta dijo que todo esto se ha conocido a partir de archivos técnicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Estimó que las órdenes de captura deben ejecutarse para una vez detenidas las personas se puedan acoger al principio de oportunidad, pero no antes, donde pareciera que se están negociando cuestiones que entorpecen el acceso a la información, y el ocultamiento de datos que pueden llevar a esclarecer el caso.
“Yo pregunté hasta junio de 2023, y esa persona estaba laborando en instituciones. Desde ese punto, es una persona que tiene orden de captura y es parte del Cisen (ahora Centro Nacional de Inteligencia) y me reservo el nombre por el tema de la ejecución de la orden de captura, (…) estuvo presente incluso, el día de los hechos 26 y 27 de septiembre, en la calle Juan N. Álvarez el día de los hechos”, expuso Buitrago.
Subrayó que al igual que esa orden de aprehensión no ejecutada, existen otras de personas que están en cargos públicos visibles desde hace más de un año, lo que implica que podrían manipular o desaparecer esa información.
Cuestionó que la propia Fiscalía de la República haya obtenido estas órdenes a partir de la presentación de sus propias pruebas y no las haya cumplido.
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Buitrago aseveró que todos estos datos -contenidos en el sexto y último informe- eran conocidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dio su visto bueno para que fuera publicado.
Recordó que a pesar de la apertura que hubo del presidente para acceder a archivos de las fuerzas armadas, el GIEI llevó a cabo una serie de acciones para encontrar elementos básicos para dar con la información.
Incluso mencionó que había material que estaba a punto de ser destruido, como la evidencia de una sanción a las autoridades por no haber dado a conocer dónde se encontraban los militares.
“Hemos encontrado elementos fundamentales, como era el tema de la sanción por no haber contado dónde habían estado militares del 27 Batallón, el día 26 de septiembre, eso lo encontramos en un documento que iba a ser destruido destruido. No es que nos entregaron todo, sino que a medida que fueron entregando cosas, nosotros fuimos encontrando”, dijo.
Por su parte, Carlos Beristain mencionó que es relevante el reconocimiento del Estado mexicano respecto a que el Caso Ayotzinapa, pero que es importante que se de a conocer otra “información muy significativa” que no se ha logrado abrir, para el esclarecimiento del caso.
Apuntó que mostrar esta información dará legitimidad y “salud” a las instituciones públicas, porque generará confianza de la población a sus autoridades.
Consideró además, que con ello, las víctimas podrían afrontar su proceso de duelo y asimilación de hechos traumáticos, y recuperar la historia, dar sentido a lo que ocurrió.
Dijo que después de la salida del GIEI este lunes, serán los padres de familia e instituciones quienes decidan lo que sucederá en un futuro con la información que se ha vertido a través de sus seis informes.
“El caso, porque el GIEI termine, no termina la medida cautelar, ni termina la supervisión internacional de la Comisión Interamericana. Los pasos a dar va a depender de las decisiones que tomen las diferentes instituciones”, expuso mientras afirmó que el acceso a la información, todavía oculta, es la clave para atender el caso.
Refirió que queda pendiente información que se ha solicitado desde hace un año, ya que existen transcripciones parciales donde se advierte el posible destino de los jóvenes.
También reforzó la afirmación de que hay personas que participaron en el suceso y actualmente se mantienen en el servicio público, en distintas instancias, no solo de la fiscalía y “que han tenido capacidad de controlar ciertas partes”.
“Por ejemplo, uno de los posibles inculpados, miembro de Guerreros Unidos, y que contaban con mucha información, fue ejecutado con 21 o 23 disparos, cuando iba a ser detenido, esto lo dijo el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas; alias “El Caderas” era un alto miembro y desde luego podía contar muchas de las cosas como por qué se hizo el operativo, qué policías participaron ahí, por qué le dieron 23 balazos en lugar de detenerlo“, expuso.
Los expertos del GIEI aseguran que en el sexto, y último informe, se plantean distintas líneas de investigación pendientes, como los análisis de telefonía sobre dónde estuvieron determinados elementos de policía.
Sobre ello, Ángela Buitrago afirmó que son más de 500 llamadas que no han sido analizadas y ocurrieron entre las 8 de la noche del 26 de septiembre, y las 6 de la mañana del 27 de septiembre, en las llamadas horas críticas del suceso en Ayotzinapa, realizadas por policías hacia alguien todavía desconocido, pero que la información está en manos de las autoridades.
Carlos Beristain añadió que en esa información se incluye la localización de diferentes actores y el contrataste de esa localización con las declaraciones que dieron en la fiscalía, todo ello para que sea incorporado a la investigación.
“Estamos tocando con la punta de los dedos las cosas, y estamos agarrándolas para poder empujar la transformación de las cosas”, dijo Beristain quien dijo, espera que las autoridades actúen con claridad.
Beristain dio detalles sobre los hallazgos que quedan pendientes y publicados en el VI informe, como una tira de conversaciones y mensajes del llamado Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), instancia que también las autoridades niegan su existencia, pero revelan relaciones de autoridades y el crimen organizado.
“Siete años después de los hechos, cuando tuvimos acceso a esos archivos, la propia CoVAJ (Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia) publicó dos transcripciones de conversaciones entre el crimen organizado y miembros del aparato del estado local, municipal, que están hablando de los jóvenes y son transcripciones, pedazos de conversaciones”, exhibió.
Dijo que estos mensajes no han sido incluidos a la investigación porque después las autoridades negaron su existencia, a pesar de la publicación en la página web de la CoVAJ, —y de que los documentos oficiales incluían membretes, firmas, siglas y demás datos del Centro Militar de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del CRFI, no reconocidos públicamente por el gobierno mexicano—.
Asimismo estableció que se ha podido conocer sobre la existencia de otros documentos que revelan otra parte de la información.
“Por ejemplo, hay un documento que señala conversaciones sobre que un grupo de jóvenes habría sido llevado hacia Chilpancingo, y hablan de 11 posibles, eso coincide con otra cosa, sabemos que ahí llegó la policía de Huitzuco al palacio de justicia, y que se llevó un grupo de jóvenes en esa dirección; eso no lo sabíamos solamente porque nos lo dijo un testigo que estaba allá, eso lo hemos sabido porque un OBI, un órgano de búsqueda de información, en su quinta declaración, dijo que un grupo había sido llevado hacia allá pero cinco declaraciones antes no había dicho nada y no dijo nada, supuestamente porque no tenía claridad si eso era así o no era así”, precisó.
La verdad de Ayotzinapa revela formas de desaparición y muerte de otros: expertos
Ángela Buitrago dijo que el caso Ayotzinapa ha servido para revelar formas desaparición y de muerte de otras personas, luego de que fueron hallados más de 150 cuerpos que no corresponden a los normalistas desaparecidos, pero que muestran otra situación en la zona de la que hay necesidad de que el estado también investigue y esclarezca.
También destacó que el Caso Ayotzinapa revela un método para saber cómo se relacionan las autoridades con el crimen organizado, a partir de un información en la que se revela que un ministerial le pide a un intermediario del crimen organizado que entreguen a 10 de los estudiantes para “que se calme esta situación”.
Es decir, las autoridades sabían quién los tenía y dónde estaban los jóvenes, aseguró Buitrago.
Insistió en que de seguir las pistas técnicas sobre las llamadas, se podría establecer quiénes participaron en la cadena de sucesos, “por eso es importante hablar, no de la institución, si no de las personas que conforman esa institución“.
La experta afirmó que esto podría ayudar a que las instituciones sancionen a sus propios miembros y que solo lo llegó a hacer la desaparecida Policía Federal en 2015, quienes cambiaron bitácoras y otro tipo de información, pero no hay sanciones por tortura.
Finalmente, recalcó que la desaparición de los 43 estudiantes —y sucesos en contra de otras víctimas directas e indirectas—es un tema que involucra métodos, formas y procedimientos de violaciones de Derechos Humanos en toda la región.
Para concluir, Carlos Beristain apuntó que lo que impide que el gobierno mexicano actúe sobre este caso es el “miedo a la verdad”, porque la verdad se ha ido revelando, compartiendo incluso con instituciones del estado, y ha mostrado que existió conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasado, sobre el paradero de los jóvenes, y la relación con el crimen organizado.
“A la verdad no hay que tenerle miedo. Hay verdades que son incómodas de asimilar, pero es mucho mejor asimilar una verdad incomoda que tratar de negar los hechos, desviar la atención o politizar las cosas con otro tipo de cuestiones o discursos. Nosotros no hemos entrado ahí, ni cuando se nos hicieron acusaciones muy graves muy personales tratando de atacar nuestra dignidad”, sentenció.
